En sus horas de encierro pensó muy bien los pasos que daría. Sabía que en esta oportunidad no recibiría una dura condena porque sus antecedentes se habían transformado en una pesada ancla colgada en su cuello. “Castells”, el “transa” que está involucrado con la barrabrava de Deportivo Aguilares y a los sectores políticos de esa ciudad, habría anticipado su deseo de acogerse a la figura de testigo arrepentido para colaborar con la investigación y recibir así una pena más leve. Por problemas de salud aún no lo hizo, pero su defensor no descarta que lo haga en el futuro.
El 25 de agosto, personal de la División de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, al mando de los comisarios Jorge Luján y Rubén Hernández, lo detuvieron al estar acusado de comercializar drogas. En su casa del barrio Independencia, los investigadores secuestraron un kilo de cocaína, unos 50.000 pesos en efectivo, sustancias para estirar la droga, una plantación de marihuana que era cuidada por un espantapájaros y una escopeta calibre 22 recortada.
Esta no era la primera vez que “Castells” era detenido por cometer este tipo de delito. Los policías que participaron en medidas en su contra coincidieron en señalar que tenía una particularidad: utilizaba perros Pit Bull para cuidar el “quiosco” en el que comercializaba la droga. Los hombres de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) aún recuerdan que cuando ingresaron a su casa, encontraron droga en un horno de barro que era custodiado por un feroz can.
Los federales también tuvieron una experiencia insólita antes de que lo detuvieran por primera vez. Un efectivo, la noche anterior de que se realizara un allanamiento, tuvo que arrojar somníferos a los perros. “Cuando ingresamos a la mañana los pobres animales estaban totalmente dormidos. Preferimos hacer eso y no matarlos”, comentó uno de los hombres que participaron de ese procedimiento.
“Castells”, luego de su última detención, sintió que se quedó solo. Los dirigentes de Deportivo Aguilares reconocieron que él era integrante de Los Coriofos, pero negaron que se trate de una facción de la barrabrava. “Estamos muy molestos porque siempre involucran a nuestro club. En lo que va del año hubo como 20 allanamientos y detuvieron a hinchas de Jorge Newbery y nadie dijo ni una palabra que eran barras de ese club. Quieren desprestigiarnos”, aseguró en aquella oportunidad Ricardo Elías, presidente del “celeste”.
Los vecinos del detenido aseguraron a LA GACETA que el acusado de comercializar drogas tenía un estrecho vínculo con las autoridades de esa municipalidad. Su pareja, que fue demorada por la Justicia Federal durante el procedimiento, en su perfil de Facebook aseguraba que trabajaba en la intendencia.
“No forma parte de la planta de trabajadores de la Municipalidad”, se apuró en aclarar la intendenta Elisa Fernández de Mansilla. “Desconocemos el origen de esa versión que no descarto que tenga un origen político”, agregó.
Sobre la relación laboral de la mujer del sospechoso indicó: “Sabemos que ese hombre no tiene pareja estable y desconozco quién sería la actual. En consecuencia no podemos determinar si trabaja con nosotros”, sostuvo la funcionaria en una charla con LA GACETA.
“Castells”, según confiaron fuentes judiciales, no aguantó más y decidió hablar. Siempre de acuerdo a los datos aportados por ese informante, habría estado dispuesto a contar cómo era el circuito de la comercialización de estupefacientes en el sur de la provincia.
Su confesión, al parecer, puede servido para ubicar a los proveedores de las drogas, cómo y por dónde la trasladan y a las personas que apoyaban el desarrollo del negocio ilegal en el sur de la provincia.
Decidió dar este paso después de haberse presentado en la Justicia. Siempre según los trascendidos, a través del defensor oficial Adolfo Bertini, habría pedido ampliar su declaración indagatoria. Supuestamente, en ese paso procesal, iba pedir acogerse a esa figura legal. “No puedo dar detalles de esa situación porque no sigo siendo el defensor”, aseguró el profesional que fue consultado por LA GACETA para confirmar la versión.
Antes de que se concretara esa medida, “Castells” cambió de defensor y nombró a Leonardo Suárez en su lugar. “La verdad es que desconozco si el anterior defensor había planteado esa posibilidad. Lo único que puedo decir que esa ampliación de declaración no se realizó por problemas de salud de mi defendido que fueron confirmados por los forenses de la Justicia”, señaló el abogado.
Suárez, en una charla con LA GACETA, informó que el supuesto “transa”, por sufrir síndrome de abstinencia, tuvo un desequilibrio psicológico. El acusado, estuvo alojado en las dependencias de la Policía Federal y luego trasladado a la Seccional 4. “Allí, al estar en contacto con otros procesados, empeoró su estado de salud mental. La Justicia entendió su problema y ordenó que sea llevado a la cárcel de Concepción. Ya realizamos los pedidos correspondientes para que reciba tratamiento psiquiátrico”, destacó el profesional.
Suárez insistió con que no sabía si su defendido se mantenía firme en su decisión de acogerse a la figura de testigo arrepentido, pero sí reconoció que podría hacerlo en un futuro no muy lejano: “puede ser utilizada como cualquier otra herramienta defensiva. No la descarto para nada”.
Lo que dice la ley
El arrepentido debe aportar datos que luego sean comprobados por la Justicia
La legislación sobre el “arrepentido”, así como la del “testigo o imputado colaborador” está vigente en nuestro país desde hace más de cinco años. Esta norma se puede aplicar para ayudar a esclarecer varios delitos. Se dispuso que puede disminuirse la pena hasta la mitad o, incluso, eximirse de ella a quien aporte datos útiles para la investigación o identifique a coautores en las pesquisas referidas al narcotráfico. La persona que pide que se utilice esta figura, no sólo debe brindar información, sino que además tiene que ser comprobada y utilizada para condenar a una persona durante un juicio oral.
Un caso emblemático
Con los datos de Fariña se pudo avanzar en la investigación en contra de Lázaro Báez
Leonardo Fariña es uno de los testigos arrepentidos más famosos del país. El empresario aportó datos claves en la pesquisa por lavado de activos por los que se está investigando a Lázaro Báez y a la ex presidenta Cristina Kirchner. Con los datos que él aportó, la Justicia Federal comenzó a indagar sobre el destino de los fondos públicos que eran destinados a obras públicas. Fariña, que estuvo varios meses preso, después de acogerse a esta figura legal, recuperó la libertad al día siguiente de haber declarado. Actualmente también está siendo protegido por las fuerzas de seguridad.